Verificación controlada, el “Odebrecht” de Jalisco

Por Víctor Galindo

Datos presentados ante los medios de comunicación, a través de una docena de anexos, evidenciaron la grave corrupción que autoridades jaliscienses, en contubernio, realizan detrás de un aparente compromiso a favor del Medio Ambiente; a decir de Jaime David Aldrete Medina y Abraham Alejandro Gobel Gómez, dicho programa se ha convertido en un peligroso “barril sin fondo”, donde una verdadera delincuencia organizada desde los escritorios gubernamentales del Estado de Jalisco, calcularon jugosas ganancias económicas, proyectando estimaciones alejadas de la capacidad real de dicho proyecto recaudatorio. 

Contrariamente a lo planeado para el 2020, el Gobierno del Estado de Jalisco solamente ha podido verificar el 57 por ciento de las unidades del parque vehicular oficial, como automotores que acatan la regulación de emisiones contaminantes.

Hasta el 22 de agosto de este año, el Ejecutivo Estatal llevó a cabo 4 mil 989 pruebas, de los 8 mil 028 vehículos que tiene el Gobierno de Jalisco y los Organismos Públicos Descentralizados. De estas pruebas realizadas al parque vehicular oficial, 3 mil 405 unidades, algo así como (42.41 por ciento) pasaron la verificación vehicular y mil 589 la reprobaron, por lo que actualmente están 3 mil 39 vehículos oficiales sin verificar, reveló el representante la asociación Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares (Atervac), Abraham Alejandro Gobel Gómez.

“Falta casi, casi la otra mitad, ¿por qué no se ha verificado todo el parque vehicular del estado de Jalisco?, nosotros como talleres se los podemos asegurar, y tenemos pruebas, de que el parque vehicular del estado de Jalisco es prácticamente una chatarra, a pesar de que son vehículos nuevos”, dijo.

Por su parte, el presidente de los Talleres Acreditados Independientes de Jalisco, Jaime David Aldrete Medina recordó que la promesa del Gobierno del Estado era que todos los automotores del parque oficial estuvieran verificados, antes del 15 septiembre de este año, nada más alejado de la realidad.

Advirtieron que lo que pasa con el parque vehicular oficial estatal, se replicará en el parque vehicular particular, y calculan que más del 70 por ciento de los vehículos que circulan actualmente en Jalisco no pasarán la certificación, porque los motores no pueden cumplir con la nueva regulación, “obligarán a las personas a actualizar sus automóviles, ya que modelos anteriores al año 2000 y otros más reciente no son medibles con los equipos utilizados, porque la tecnología no es compartible” puntualizaron.

El parque vehicular en Jalisco oscila entre 3 millones 369 mil, y 4 millones de automotores. Abraham Gobel y Jaime Aldrete informaron que ratificarán las denuncias presentadas originalmente por anomalías, irregularidades y corrupción en las concesiones del “Programa de Verificación Responsable”, ante la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y la Contraloría del Estado, donde se agregarán más pruebas.

Los denunciantes revelaron que tan sólo en 2020, el Gobierno del Estado de Jalisco le tendrá que pagar 80.6 millones de pesos a la compañía Worldwide Environmental Products (WEP), único proveedor de la tecnología  para la verificación vehicular, pese a que no ha efectuado verificación de autos particulares, por los tropiezos que ha enfrentado para echar a andar el programa, situación que no le afecta dado a que independientemente de si otorgan o no el servicio, gracias a un contrato se garantiza el pago.

Los entrevistados reprocharon que actualmente no exista aplicación del programa de verificación vehicular. Adelantaron que las 118 líneas de verificación  adjudicadas o por concesionar hasta el momento, serán insuficientes para atender al parque vehicular jalisciense.

Recordaron que más de 202 talleres que efectuaban la verificación vehicular resultaron afectados en sus ingresos, cuando les quitaron la posibilidad de continuar en el programa.

Finalmente, señalaron que corresponderá a la autoridad federal, intervenir a fin de aclarar cuál es la responsabilidad en que incurren los funcionarios jaliscienses y en especial aquellos que forman parte de esta estructurada simulación oficial, encabezada por el titular del Ejecutivo Estatal, Enrique Alfaro Ramírez, Francisco Javier Sierra Moreno, Director General de la Agencia AIRE Opd, María Calleja, Directora de Planeación y Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio, Sergio Humberto Graf Montero, titular de SEMADET y otros miembros de su equipo; Misael Sebastián Gradilla Hernández, Abraham Torres, Natalia Espinoza Ortiz, José Adán Espejo Preciado, Porfirio Franco (orquestador de los verificentros a nivel nacional) y los diputados locales, Jonadab Martínez García, María Esther López Chávez.